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Cuando el cliente (o clientes) acuden por primera vez al despacho para consultar sobre su separación, el abogado les hará normalmente una serie de preguntas que son fundamentales para centrar el caso y dar un consejo legal adecuado:

– Cuándo y dónde ocurrió el matrimonio o el comienzo de la convivencia.

– Dónde se encuentra el domicilio familiar, y en qué concepto se disfruta (propiedad, arrendamiento, etc.).

– Si existen hijos, comunes o no comunes, sus edades y su dependencia económica de la pareja a extinguir. También si existen otros familiares o allegados a cargo de la pareja, que sean dependientes de ellos. Y si hay animales cuya custodia se deba atribuir.

– Si existen bienes comunes que se pretendan repartir o liquidar.

– La situación económica de la familia: ingresos, gastos, obligaciones pendientes…

Conocidos todos estos datos, el abogado preguntará al cliente en qué situación – realista – quiere quedar tras su separación. Fundamentalmente hablamos de la custodia de hijos, familiares dependientes y animales, uso de la vivienda familiar y en su caso, compensaciones económicas.

Si ambos miembros de la pareja vienen juntos, es conveniente como dijimos al principio haber acordado previamente y a grandes rasgos estas medidas, que con ayuda del abogado adquirirán forma jurídica para plasmarlas en un convenio. Si viene uno solo, el abogado preguntará también qué cree el cliente que pretende su pareja, para ir tanteando las posibles vías de acuerdo.

En esta primera entrevista, el abogado también recabará los datos de la pareja y, en su caso, los del abogado de esta, para plantear una segunda visita conjunta o, al menos, una toma de contacto para comprobar las posibilidades reales de llegar a un acuerdo. Si es un buen abogado, siempre intentará primero la vía amistosa, salvo que las circunstancias sean desfavorables porque haya cierta urgencia, o que las posiciones sean tan antagónicas y la falta de comunicación tan grande que no quede más remedio que ir a pleito.

Por último, se le pedirá al cliente que aporte la documentación necesaria para estudiar a fondo el caso y plantear las distintas opciones, y se le facilitará un presupuesto más o menos cerrado (dependiendo de las costumbres del despacho) para que encargue formalmente el asunto.

Como no puede ser de otro modo, los despachos de abogados estamos acogidos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y además tenemos la obligación de guardar estricto secreto profesional de todos los datos que nos faciliten los clientes. Por lo tanto, el cliente debe tener la confianza de que nada de lo que nos diga podrá ser utilizado ni difundido sin su expreso consentimiento.

En la próxima entrada expondremos los distintos tipos de procedimientos judiciales que existen en esta materia y cómo se llevan a cabo.